Prohibición de las terapias de conversión – Proteger a las personas LGBTI de las prácticas nocivas

En su informe, el Experto Independiente en OSIG definió la terapia de conversión como “un término general para describir intervenciones de naturaleza amplia, todas las cuales se basan en la creencia de que la orientación sexual y la identidad de género de una persona, incluida la expresión de género, pueden y deben ser cambiadas o suprimidas cuando no caen dentro de lo que otres actores en un determinado escenario y tiempo perciben como la norma deseable, en particular cuando la persona es lesbiana, gay, bisexual, trans o de género diverso”[1] Las denominadas “terapias de conversión” están profundamente arraigadas en la clasificación histórica de ciertas orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género como antinaturales, desordenadas o patológicas y, por lo tanto, deben ser tratadas y curadas. [2] En todo el mundo, las personas LGBT han sido sometidas a múltiples intervenciones llamadas “reparadoras” destinadas a convertirlas en personas heterosexuales y cisgénero. Esas intervenciones incluyen una amplia gama de prácticas, desde reuniones de grupo hasta la detención obligatoria en instalaciones específicas [3]; desde el tratamiento hormonal hasta “terapias de aversión” inducidas por drogas, desde la privación de alimentos hasta la alimentación forzada, desde la psicoterapia hasta el electrochoque.[4] Graves violaciones de los derechos humanos son cometidas en nombre de las terapias de conversión, incluidos los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, sólo cuatro países del mundo prohíben realmente el intento de cambiar la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual de una persona.[5] Incluso cuando la “terapia de conversión” se realiza a menudo en privado (por ejemplo, en instalaciones religiosas), los Estados no están ejerciendo la debida diligencia para eliminarla, y para proporcionar rehabilitación, justicia y reparaciones a sus víctimas.[6]